La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) expresa su firme rechazo al pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Fujimori. Bajo los discursos de la “formalización”, la “productividad”, la “seguridad jurídica” y el “combate contra la criminalidad”, se pretende otorgar al Ejecutivo facultades para intervenir en materias profundamente sensibles para los derechos laborales y las libertades democráticas.
En materia laboral, el pedido de facultades confirma la orientación que los trabajadores ya conocemos de este Gobierno: una política que vuelve a poner los intereses empresariales por encima de los derechos laborales. No es casual que la propia Exposición de Motivos presente las gratificaciones, la CTS, los aportes a EsSalud, las vacaciones y las indemnizaciones por despido como “costos laborales no salariales”. Para los trabajadores no son costos: son derechos conquistados. La informalidad y el desempleo no pueden servir de justificación para debilitarlos.
El planteamiento sobre SUNAFIL confirma esta misma lógica. El propio Gobierno reconoce que el número de inspectores es insuficiente y que los procedimientos enfrentan serias demoras. Entonces, si no se incrementa la cantidad de fiscalizadores ni se dota a SUNAFIL de mayores recursos, ¿añadir una nueva etapa “preventiva” va a resolver el problema o terminará generando un nuevo cuello de botella? Pero nuestra preocupación va más allá de lo operativo: no aceptamos que la fiscalización laboral se convierta en un espacio para enseñar a las empresas a cumplir obligaciones que ya están establecidas por ley. La prevención no puede convertirse en una oportunidad para incumplir primero y corregir después, debilitando la capacidad sancionadora del Estado.
Pero es en materia de estabilidad laboral donde el discurso del Gobierno termina de caerse. Mientras el Ejecutivo habla de “protección”, su propia Exposición de Motivos cuestiona la reposición frente al despido arbitrario al considerarla una fuente de “rigidez” e “incertidumbre” para los empleadores. ¿Y la incertidumbre del trabajador que puede perder arbitrariamente su empleo? La protección frente al despido no es un obstáculo para las empresas, es un derecho de los trabajadores. El Estado debe garantizar ese derecho frente al abuso, no facilitar las condiciones para despedir.
Pero el pedido de facultades no se limita al ámbito laboral. Entre las numerosas materias que pretende asumir el Ejecutivo, hay otra que también nos preocupa especialmente: la seguridad y el orden interno. El necesario combate contra la delincuencia y el crimen organizado no puede convertirse en un pretexto para ampliar la militarización ni reprimir la protesta social. En un país donde trabajadores y comunidades han enfrentado reiteradamente la criminalización de sus luchas, ampliar las posibilidades de intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía exige límites y garantías estrictas. Sin una verdadera reforma policial, ¿qué garantiza que el aparato estatal no siga siendo utilizado para responder con represión a legítimos conflictos laborales y sociales?
Esta preocupación es aún mayor si se considera la amplitud de las facultades que solicita el Ejecutivo. No estamos ante una delegación sobre una materia específica, sino ante un pedido que abarca ámbitos penales, policiales, de seguridad y orden interno, laborales, productivos, mineros, tributarios, económicos, de infraestructura, vivienda y saneamiento, entre muchos otros. Reformas de esta magnitud no pueden entregarse mediante un cheque en blanco al Ejecutivo ni decidirse a espaldas de los trabajadores y del pueblo.
Ante estas graves amenazas, disfrazadas de buenas intenciones y formuladas bajo peligrosas generalidades, la FNTMMSP exige a las fuerzas de oposición en el Congreso no avalar una delegación de facultades que pueda utilizarse para recortar derechos laborales, facilitar despidos y fortalecer mecanismos de represión. No hay espacio para ambigüedades ni tibiezas cuando están en juego derechos conquistados con décadas de organización y lucha.
La FNTMMSP no se quedará únicamente en el pronunciamiento. La 126.ª Asamblea Nacional de Delegados acordó convocar a una Huelga Nacional Minera cuando las circunstancias lo exijan, y consideramos que este pedido de facultades constituye una de esas circunstancias. Nuestra Federación actuará en cumplimiento del mandato de sus bases y en defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo.
Si el Gobierno quiere facultades, que sean para garantizar trabajo digno, fortalecer la fiscalización, defender la estabilidad laboral y proteger los derechos y los intereses del pueblo; no para seguir favoreciendo a las empresas a costa de los trabajadores, facilitar los despidos ni fortalecer la represión.
¡LOS DERECHOS LABORALES NO SON COSTOS!
¡TODOS A LAS CALLES EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS!
¡UNIDAD PARA LUCHAR, UNIDAD PARA VENCER!
Consejo Ejecutivo Nacional – FNTMMSP
Lima, 01 de septiembre de 2026